Torrox indemniza con 4,7 millones de euros a un recaudador despedido hace tres décadas
El acuerdo contraído entre ambas partes se ha hecho efectivo con un último pago de 3,5 millones de euros en el día de hoy. Los 1,2 millones restantes los percibió el recaudador en los años 90
El Ayuntamiento de Torrox ha dado carpetazo a un culebrón
judicial que comenzó el siglo pasado y que ha mantenido durante todo este
tiempo en jaque las cuentas del consistorio malagueño. El alcalde, Óscar Medina
(PP) y el que fuera recaudador de la Villa, Antonio Barragán, han hecho
efectivo este miércoles 26 de mayo un acuerdo de liquidación de la
indemnización por haber sido despedido hace ahora 30 años sin los tres meses
preceptivos de preaviso que estipulaba el contrato firmado entonces.
A sus casi 80 años, el recaudador ha recibido en total 4,7 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento da por finalizada una de sus páginas de mayor controversia «por las constantes negligencias cometidas por el Ayuntamiento en defensa de los intereses de nuestros vecinos durante todo el proceso», ha afirmado Medina. El acuerdo contraído entre ambas partes se ha hecho efectivo con un último pago de 3,5 millones de euros en el día de hoy. Los 1,2 millones restantes los percibió el recaudador en los años 90.
El 2 de febrero de 1990, el pleno de la corporación, estando presidido entonces por el socialista Ildefonso Mateos, acusó al recaudador de abandono de sus funciones en las cuentas entre 1988 y 1989 y acordó prescindir de sus servicios sin concederle los tres meses de preaviso estipulados en el contrato firmado entre ambas partes
A partir de ahí se inició un culebrón judicial en el que el trabajador llegó a pedir ser indemnizado por un montante de más de 12 millones de euros, lo que ha mantenido en jaque las cuentas del consistorio y han sido embargadas varias parcelas de propiedad municipal.
El expediente jurídico que comenzó el siglo pasado se ha cerrado después de que fuera aceptado, al menos en parte, las alegaciones presentadas por Medina en diciembre de 2016 y los tribunales redujeran hasta los 4,5 millones la indemnización. El alcalde apuró una última negociación entre las partes, que han acordado definitivamente la cantidad de 3,5 millones de euros para dar carpetazo al asunto y permitiendo así, que al menos, el Ayuntamiento se haya ahorrado hasta 7 millones de euros.